BOGOTÁ, 30 de abril de 2010. — El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por su sigla en inglés) lamenta la decisión tomada ayer por la Corte Suprema de Justicia de Brasil en la que rechaza revisar la ley de amnistía de 1979, por considerar que no fue una auto-amnistía sino el fruto de un consenso político de la época que permitió una transición pacífica a la democracia.
“A pesar de la decisión tomada ayer, la búsqueda de la verdad y la justicia debe continuar. Independientemente de si se lleva a cabo en el ámbito nacional o regional, es importante lograr justicia para las víctimas de la dictadura militar brasileña y enviar un claro mensaje sobre la importancia del Estado de Derecho”, aseguró David Tolbert, presidente del ICTJ.
La Corte Suprema de Brasil decidió ayer, por votación mayoritaria, rechazar la revisión del ámbito de aplicación de la Ley de Amnistía de 1979. La Corte se pronunció en respuesta a una acción judicial presentada por la Orden de Abogados de Brasil que pedía determinar el ámbito de aplicación de la ley y argumentaba que las graves violaciones como el asesinato, la desaparición forzada y la tortura no pueden ser objeto de amnistías.
En su decisión final, anunciada oralmente ayer, la Corte desestimó el pedido, asegurando que la ley no debe ser revisada porque ésta refleja el consenso político de la época. El tribunal afirmó, en un fallo que aún no ha sido publicado, que la ley no es una auto-amnistía “sino un instrumento bilateral para una transición pacífica en Brasil”. Por esto, la Corte decidió que un cuerpo judicial no podría revisar un acto de naturaleza política.
“No es apropiado decir que la ley de amnistía, que protege a los responsables de serias violaciones a los derechos humanos, fue parte de un acuerdo político”, dijo Javier Ciurlizza, director del programa Américas del ICTJ. “Una cosa es facilitar la transición política y otra muy distinta garantizar impunidad y violar los derechos de las víctimas”, agregó.
A la luz del derecho internacional, Brasil tiene la obligación de brindar un recurso efectivo para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y establecer un proceso de rendición de cuentas claro sobre su pasado, incluyendo el establecimiento de responsabilidades.
“La comunidad internacional ha dado pasos enormes para combatir la impunidad por graves violaciones a los derechos humanos cuando se otorgan amnistías en nombre de la reconciliación nacional”, aseguró Tolbert. “La ley de amnistía de Brasil no debería ser aplicada para beneficiar a aquellos que asesinaron y cometieron graves abusos contra los derechos humanos en nombre del Estado. Sin duda, la decisión de la Corte Suprema ensombrece los esfuerzos actuales de verdad, justicia y reparación para las víctimas, y no es una decisión que refleje el rol protagónico que Brasil busca tener en la comunidad internacional”, agregó.
Contexto
Durante la dictadura brasilera, entre 1965 y 1985, cerca de 150 personas fueron desaparecidas, más de 100 asesinadas y más de 40.000 fueron víctimas de tortura, detención arbitraria, privación de su actividad laboral y exilio. La Ley de Amnistía de 1979 otorgó perdón a todos aquellos que hubieran cometido crímenes de naturaleza política. En el marco de la transición brasileña (1985), fue asumida como un paso para la reintegración de miles de personas que fueron perseguidas por motivaciones políticas durante el régimen militar. Sin embargo, los sucesivos gobiernos democráticos y los jueces brasileros asumieron que dicha amnistía beneficiaba también a los agentes del Estado que emplearon la tortura, el asesinato y la desaparición forzada de personas como parte de una estrategia de terror de Estado.
La aplicación de esta Ley de Amnistía es revisada en la actualidad por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso conocido como el de la “guerrilla de Araguaia”.Este tribunal regional de manera consistente ha establecido que las amnistías y otros obstáculos legales no pueden ser invocados para evitar la responsabilidad que tienen los Estados de investigar y procesar a aquellos que son responsables de violaciones serias a los derechos humanos. En Latinoamérica, sólo Brasil y El Salvador mantienen vigentes amnistías que benefician a los victimarios. La mayoría de países las han revertido o han decidido, a través de procedimientos judiciales, no aplicarlas. En Argentina, Chile y Perú, las amnistías fueron declaradas inaplicables mediante decisiones legislativas o judiciales.
En diciembre de 2009, el Presidente Lula anunció la creación de una comisión de la verdad destinada a esclarecer los crímenes cometidos durante la dictadura y se espera que el proyecto de ley para su aprobación sea presentado el próximo mes de mayo. La Comisión de la Verdad contribuiría a la identificación de las víctimas y los perpetradores y que al establecimiento de recomendaciones concretas en el tema de tortura.
Asimismo, Brasil carece de un marco legal apropiado para garantizar el acceso a la información y las peticiones para acceder a documentos producidos durante la dictadura son diariamente rechazadas por “razones de seguridad del Estado”. En los últimos años, sin embargo, el país ha dado algunos pasos para garantizar el acceso a la información con la presentación de un proyecto de ley que busca hacer estos procedimientos más flexibles y crear un mecanismo especial que permita articular los archivos federales, estatales y privados. Sin embargo, aún no es claro si el Congreso aprobará este proyecto.
Así mismo, se han entregado reparaciones por un monto de dos billones de dólares para víctimas de asesinato, desaparición y persecución política. Se crearon dos comisiones especiales para reconocer la condición de víctima y contribuir a una reparación integral. La Comisión de Amnistía, creada en 2002, ha otorgado un reconocimiento oficial a más de 26.000 personas, a pesar de que las otorga usando el término “amnistiado” en sus decisiones finales. Este proceso ha modificado la creencia de que la dictadura en Brasil sólo afectó a un pequeño número de personas, en comparación con otros casos en América Latina.
Sobre el ICTJ
El Centro Internacional para la Justicia Transicional trabaja para remediar y prevenir las más graves violaciones a los derechos humanos al confrontar los legados de abusos pasados. El ICTJ busca soluciones integrales para promover la rendición de cuentas y construir sociedades justas y pacíficas. Más información, disponible en www.ictj.org/es/.
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